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Colombia inicia una nueva etapa en materia de política ambiental. Una de las principales propuestas del nuevo Gobierno es la Agenda ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades, concebida como una hoja de ruta para articular la protección del patrimonio natural con la seguridad territorial, la inversión, el empleo y el desarrollo regional.

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha presentado el Plan ABC como un modelo que busca integrar la protección ambiental con el desarrollo económico. En una de sus comunicaciones públicas lo resumió así: “A de Agua. B de Biodiversidad. C de Comunidades”, señalando que proteger el ambiente debe vincularse con las oportunidades de desarrollo del país.

El ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona Hincapié, ha desarrollado esta orientación con una afirmación que sintetiza el enfoque anunciado: “La propuesta de política ambiental es el ABC: agua, biodiversidad, comunidades”. También ha insistido en que Colombia debe pasar de los discursos a resultados verificables y que el desarrollo y la conservación no deben plantearse como objetivos excluyentes.

La Agenda ABC parte de considerar que el patrimonio natural colombiano no es únicamente un conjunto de bienes que deben protegerse. También puede constituir un activo estratégico para la innovación, la bioeconomía, la generación de empleos, la competitividad regional y el bienestar de las comunidades.

Esta propuesta adquiere especial relevancia en territorios donde la deforestación, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, el tráfico de fauna y la ocupación irregular de tierras se relacionan con la pobreza, la débil presencia institucional y la falta de alternativas económicas legales. Ha resultado evidente que la conservación no se ha consolidado allí donde las economías ilegales ejercen su poder.

La Agenda ABC a la fecha de elaboración de este artículo no constituye una política pública formalmente expedida ya que el Gobierno electo aún no se ha posesionado.

Por ahora, se trata de una propuesta programática cuyas definiciones preliminares pueden orientar la preparación estratégica de empresas, comunidades, autoridades territoriales y organizaciones ambientales. Su alcance definitivo dependerá de su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo, al presupuesto nacional, a los planes sectoriales y a los actos administrativos que expida el nuevo Gobierno.

1. ¿Qué es la Agenda ABC y que propone?

La Agenda ABC organiza la visión ambiental del Gobierno entrante alrededor de tres componentes:

• Agua, como fundamento de la seguridad hídrica, la salud pública, la producción, la adaptación climática y la estabilidad territorial.
• Biodiversidad, como patrimonio que debe conservarse y como activo para la bioeconomía, la innovación, el turismo y la generación de valor.
• Comunidades, como protagonistas de la gestión ambiental y beneficiarias directas de las oportunidades derivadas de la conservación.

El programa divulgado durante la campaña propuso pasar de un ambientalismo predominantemente restrictivo y declarativo a un enfoque productivo y regenerativo. También planteó que la recuperación del control territorial es una condición para enfrentar las economías ilegales que afectan los bosques, el agua y las comunidades.

La visión ambiental de Abelardo de la Espriiella

Las comunicaciones públicas de Abelardo de la Espriella presentan la Agenda ABC como un instrumento para articular ambiente y desarrollo. La formulación difundida por su campaña señala que se trata de “un modelo que entiende que proteger el medio ambiente” debe relacionarse con la prosperidad y las oportunidades para las comunidades.

Este planteamiento permite identificar tres orientaciones políticas preliminares:

1. El medio ambiente sería considerado un componente transversal del desarrollo.
2. La conservación debería producir beneficios sociales y económicos.
3. La recuperación del control institucional del territorio tendría un papel central en la estrategia ambiental.

Estas orientaciones todavía deberán traducirse en objetivos medibles, competencias institucionales, programas y proyectos y mecanismos de seguimiento.

La visión del ministro designado

Fabio Arjona ha aportado definiciones más específicas. En sus primeras entrevistas afirmó que uno de sus principales objetivos será convertir la bioeconomía en un renglón relevante de la economía colombiana y lograr que la biodiversidad se traduzca en beneficios concretos para la población.

También ha señalado que:

• La protección del agua será una línea roja para los proyectos productivos y de infraestructura.
• La política ambiental debe apoyarse en la ciencia y en criterios técnicos.
• La pérdida de control territorial facilita la deforestación, la minería ilegal y la degradación de los ecosistemas.
• Las comunidades deben recibir beneficios y participar de forma más directa en los proyectos.
• La bioeconomía, el ecoturismo y la economía azul pueden contribuir a financiar la conservación.
• El Ministerio debería orientar y facilitar proyectos viables, sin renunciar a sus funciones de evaluación, supervisión y control.

Una de sus afirmaciones más relevantes para el enfoque comunitario es que las comunidades deben convertirse en aliadas y participar en la distribución de beneficios generados por los proyectos.

2. El papel de ASOCARS y las Corporaciones Autónomas Regionales

La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible —ASOCARS— recibió favorablemente la designación de Fabio Arjona como ministro de Ambiente. La comunicación institucional expresó satisfacción por su nombramiento, lo que constituye una señal inicial de disposición para la interlocución entre el Gobierno entrante y las autoridades ambientales regionales.

Posteriormente, Arjona sostuvo un primer encuentro con directores de las CAR. La información publicada por Cardique señaló que en esa reunión se reafirmó el compromiso del Gobierno entrante con las regiones, la preparación frente al fenómeno de El Niño y el fortalecimiento de la gestión ambiental del país.

Las CAR:

• Tienen autonomía administrativa y financiera dentro del marco legal.
• Son autoridades ambientales en sus respectivas jurisdicciones.
• Administran recursos naturales renovables.
• Expiden permisos y autorizaciones dentro de sus competencias.
• Formulan y ejecutan planes de gestión ambiental regional.
• Participan en la ordenación de cuencas.
• Ejercen seguimiento y control ambiental.
• Pueden ejecutar proyectos de restauración, conservación y gestión del riesgo.

La implementación territorial de la Agenda ABC dependerá, por tanto, de la capacidad del Gobierno nacional para coordinarse con las CAR sin desconocer sus competencias y particularidades regionales.

3. Marco institucional y regulatorio existente

Aunque la Agenda ABC todavía no haya sido formalizada, su ejecución no partirá de cero. Colombia cuenta con instrumentos vigentes sobre:

• Gestión integral del recurso hídrico.
• Ordenamiento de cuencas.
• Conservación de la biodiversidad.
• Restauración ecológica.
• Pagos por servicios ambientales.
• Negocios verdes.
• Economía circular.
• Cambio climático.
• Licenciamiento ambiental.
• Compensaciones ambientales.
• Turismo de naturaleza.
• Bioeconomía.
• Gestión del riesgo.
• Control de la deforestación.
• Formalización minera.
• Desarrollo rural sostenible.

El nuevo Gobierno podrá modificar prioridades, asignar recursos, crear programas y ajustar instrumentos, y deberá hacerlo respetando el marco constitucional, las competencias del Sistema Nacional Ambiental y los procedimientos administrativos vigentes.

4. Matriz de los componentes de la Agenda ABC

5. Agua: la primera prioridad

Fabio Arjona ha relacionado expresamente la protección ambiental con el control territorial. En sus declaraciones sostuvo que no puede existir seguridad sin presencia estatal y que ningún proyecto debería comprometer el agua de la cual dependen las ciudades.

Esta orientación podría traducirse en una mayor prioridad para:

• Protección de cuencas abastecedoras.
• Restauración de páramos, humedales y rondas hídricas.
• Revisión y ejecución de los POMCA.
• Fortalecimiento de consejos de cuenca y espacios de gobernanza.
• Sistemas de monitoreo de calidad y cantidad del agua.
• Reducción de pérdidas en acueductos.
• Tratamiento de aguas residuales.
• Control de la minería ilegal en fuentes hídricas.
• Infraestructura resiliente frente a sequías e inundaciones.

Oportunidad estratégica

Las empresas que dependen intensivamente del agua deberían identificar sus cuencas prioritarias, medir sus riesgos hídricos y estructurar proyectos colectivos con comunidades, municipios y autoridades ambientales. En Colombia existen casos de éxito en este manejo, como el de la agroindustria de la caña impulsado por ASOCAÑA, la CVC y demás autoridades.

6. Biodiversidad, bioeconomía y generación de valor

El ministro designado ha señalado que la condición de Colombia como país megadiverso debe reflejarse en la economía y en beneficios tangibles para las personas. También ha planteado la bioeconomía como uno de los principales renglones que desea fortalecer.

La eventual política podría impulsar proyectos de:

• Ingredientes naturales.
• Alimentos y productos forestales no maderables.
• Biotecnología.
• Turismo de naturaleza.
• Restauración productiva con modelos regenerativos.
• Sistemas agroforestales.
• Economía marina y costera. (Restauración de corales y manglares, pesca sostenible y turismo marino)
• Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
• Investigación aplicada.
• Tecnología para monitoreo ambiental.
• Mercados de servicios ecosistémicos.

Estas oportunidades requieren, sin embargo, trazabilidad, acceso legal a los recursos, investigación, propiedad intelectual y cumplimiento sanitario.

7. Comunidades como aliadas

Uno de los cambios más significativos en el discurso del ministro designado es la intención de vincular a las comunidades como aliadas y beneficiarias directas de los proyectos. Arjona ha hablado de generar distribución de beneficios y de superar relaciones exclusivamente transaccionales.

Este enfoque podría favorecer:

• Acuerdos comunitarios de conservación.
• Participación en proyectos de restauración.
• Empleo verde y azul. (Restauración de corales y manglares, pesca sostenible y turismo marino
• Asociaciones productivas.
• Empresas locales de origen comunitario.
• Pagos por servicios ambientales.
• Participación económica en proyectos.
• Formación técnica mediante el SENA, institutos y universidades.
• Monitoreo ambiental comunitario.
• Turismo de naturaleza.
• Encadenamientos de proveedores locales con empresas ancla.

8. Ambiente, energía y licenciamiento

Las declaraciones de Fabio Arjona indican que el Gobierno entrante buscará reactivar proyectos energéticos y de infraestructura. Incluyó la posibilidad de la técnica de fracturación hidráulica para proyectos de hidrocarburos en áreas limitadas y bajo exigencias ambientales. También ha señalado que estas actividades no deberían desarrollarse en parques nacionales, resguardos ni áreas protegidas.

Arjona ha afirmado que el Ministerio y la ANLA deben garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales aplicables. Al mismo tiempo, ha cuestionado los procesos que, en su opinión, retrasan proyectos sin una diferenciación técnica adecuada. Ha mencionado la infraestructura verde-gris como opcion que amplia los panaramas frente a importantes desafíos.

Desde una perspectiva técnica, una eventual agilización del licenciamiento no debería implicar reducción de la calidad de los estudios, eliminación de la participación ciudadana, menores exigencias sobre agua y biodiversidad, debilitamiento de la evaluación de riesgos, supresión del análisis de impactos acumulativos, ni autorizaciones automáticas.

La oportunidad está en mejorar la planeación temprana, la calidad de la información, incorporar nuevas técnicas, la coordinación institucional, los sistemas digitales y la diferenciación de requisitos según el riesgo y la complejidad de cada proyecto.

9. Matriz de oportunidades para empresas, comunidades y autoridades de la Agenda ABC

10. Oportunidades transversales

El enfrentamiento de estas problemáticas puede crear una demanda creciente de servicios y proyectos en cinco campos estratégicos:

Inteligencia y monitoreo territorial

La detección temprana de deforestación, minería ilegal, apertura de vías, nuevos cultivos ilícitos y ocupaciones irregulares requerirá integrar:

• Imágenes satelitales.
• Drones.
• Sistemas de información geográfica.
• Inteligencia artificial.
• Alertas comunitarias.
• Catastro y datos prediales.
• Trazabilidad de productos y cadenas de suministro.

Las empresas tecnológicas y consultoras podrán desarrollar soluciones para autoridades, compañías, financiadores y organizaciones territoriales.

Restauración con generación de ingresos

La restauración ecológica puede convertirse en una actividad económica de largo plazo mediante:

• Compensaciones ambientales articuladas con prioridades territoriales.
• Viveros comunitarios.
• Producción y suministro de material vegetal.
• Brigadas locales.
• Mantenimiento y monitoreo.
• Restauración productiva.
• Sistemas agroforestales.
• Recuperación de suelos y cauces.

El principal desafío será evitar proyectos de corta duración concentrados únicamente en la siembra. La oportunidad está en contratar resultados ecológicos verificables y sostenibles.

Cadenas productivas legales y trazables

La sustitución de economías ilegales dependerá de crear mercados para productos legales. Esto abre oportunidades para:

• Empresas ancla.
• Compras anticipadas.
• Centros de transformación.
• Certificaciones.
• Logística rural.
• Plataformas de trazabilidad.
• Comercialización nacional e internacional.
• Marcas territoriales.
• Financiamiento de capital de trabajo.

Sin compradores y condiciones competitivas, las alternativas productivas difícilmente desplazarán los ingresos ofrecidos por las economías criminales.

Empleo verde y reconversión laboral

Los programas de formación podrían orientarse hacia perfiles con demanda real en:

• Restauración y regeneración.
• Sistemas agroforestales.
• Monitoreo de bosques y fauna.
• Viverismo.
• Tratamiento de aguas.
• Gestión integral de residuos.
• Turismo de naturaleza.
• Sistemas de información geográfica.
• Operación de drones.
• Mantenimiento de infraestructura ambiental.

El SENA, los institutos, las universidades, las empresas y las organizaciones comunitarias pueden diseñar rutas de formación vinculadas directamente con proyectos e inversiones concretas.

Finanzas para la legalidad y la conservación

La transición desde actividades ilegales hacia economías legales requerirá instrumentos financieros adaptados al riesgo territorial:

• Garantías públicas.
• Créditos con periodos de gracia.
• Fondos rotatorios.
• Pagos por resultados.
• Inversión de impacto.
• Financiación combinada.
• Contratos de compra futura.
• Seguros agropecuarios y climáticos.
• Pagos por servicios ambientales.

La financiación deberá acompañarse de asistencia técnica, seguridad territorial y acceso a mercados. El crédito por sí solo no resuelve la fragilidad de los proyectos.

Criterios para priorizar oportunidades

Las iniciativas con mayor potencial de alineación con la Agenda ABC serán aquellas que demuestren simultáneamente:

1. Reducción verificable de una presión ambiental o actividad ilegal.
2. Generación de ingresos legales y permanentes.
3. Participación real de las comunidades.
4. Recuperación del control institucional del territorio.
5. Protección del agua y la biodiversidad.
6. Viabilidad comercial o financiera.
7. Trazabilidad de recursos y productos.
8. Capacidad de medición y seguimiento.
9. Coordinación entre autoridades ambientales, sociales, agrarias y de seguridad.
10. Posibilidad de replicarse en otros territorios.

La oportunidad estratégica para empresas, autoridades y organizaciones sociales consiste en pasar de proyectos ambientales fragmentados a intervenciones territoriales integrales, en las cuales la conservación, la seguridad, la producción legal y el bienestar comunitario se refuercen mutuamente.

11. Recomendaciones prácticas para aprovechar las oportunidades

11.1. Identificar proyectos alineados con las prioridades

Las iniciativas con mayor alineación estratégica serán aquellas que combinen:

• Protección del agua.
• Recuperación o uso sostenible de biodiversidad.
• Beneficios económicos para comunidades.

Un proyecto de restauración de una cuenca, por ejemplo, puede incorporar viveros comunitarios, empleo local, monitoreo, sistemas agroforestales y acuerdos de conservación.

11.2. Alinear con las CAR desde la fase de estructuración

Dado el papel territorial de las corporaciones, conviene:

• Identificar las prioridades de sus planes de acción.
• Revisar los POMCA y demás instrumentos regionales.
• Localizar áreas estratégicas.
• Conocer sus bancos de proyectos.
• Explorar convenios y esquemas de cofinanciación.
• Establecer indicadores compatibles con sus sistemas de seguimiento.

11.3. Diseñar beneficios comunitarios verificables

La participación comunitaria debe traducirse en resultados como:

• Participación en cadenas de valor.
• Ingresos / Empleos.
• Transferencia tecnológica.
• Fortalecimiento organizativo.
• Acceso a mercados.
• Mejoramiento de servicios ecosistémicos.

11.4. Mantener altos estándares ambientales y medir resultados

La expectativa de agilización institucional no debe llevar a presentar proyectos incompletos. En general se deben fortalecer:

• Estudios ambientales.
• Evaluación de alternativas.
• Análisis de riesgos.
• Información hidrogeológica.
• Participación temprana.
• Sistemas de monitoreo.
• Planes de contingencia.
• Trazabilidad de compromisos.
• Medición de calidad ecológica, ingresos, permanencia y reducción efectiva de amenazas.